Los operativos fueron llevados adelante por miembros de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) junto con oficiales de la Agencia Federal de Investigaciones y de la Policía Federal Preventiva.
En la localidad de Xaltepec, en el oriental departamento de Puebla, se realizó un operativo contra la Radio Xalli. En el procedimiento las autoridades no presentaron ningún tipo de orden para llevar adelante las inspecciones.
La emisora campesina obtuvo el permiso para operar en febrero del año pasado.
Otro operativo fue llevado adelante por las mismas autoridades en la localidad de Paso del Macho, departamento de Veracruz. El procedimiento fue realizado contra Radio Diversidad. Una emisora que ya había sido cerrada el año pasado.
El resultado del cierre de la radio fue el inicio de procesos penales contra dos integrantes de la organización. Fueron procesados por la aplicación del artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales.
La norma promueve la pena de cárcel a quién opere un Bien de la Nación sin concesión o permiso.
La Ley que criminaliza la radiodifusión fue calificada como desproporcional por la relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como también como la de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Ante esta situación la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) México realizó "un llamado a las autoridades para que detengan la criminalización de las radios comunitarias".
Al tiempo que convocó a "buscar soluciones a la exigencia de la sociedad para diversificar las voces en los medios de comunicación en el país".
Fuente: Agencia Púlsar (http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=19401)
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